Artículo sobre la crisis Venezolana

Artículo sobre la crisis Venezolana

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En Venezuela otrora país de una impecable democracia y largas tradiciones de cooperación, solidaridad y políticas de integración en América Latina se vive hoy una crisis de manifestaciones múltiples.

El régimen de gobierno que preside Nicolás Maduro desde mayo de 2018 carece de legitimidad, toda vez que dichas elecciones carecieron de garantías básicas de imparcialidad y preceptos democráticos que deben regir los procesos y actos en donde se exprese la voluntad soberana de los electores. No hubo condiciones de competencia que garantizara la plena y libre participación.

De esa fallida experiencia de legitimidad el país ha devenido en un caos económico sin precedentes que tiene sumido a la inmensa mayoría de la población a una vida de pobreza y privaciones que no se condice con la riqueza y recursos naturales que posee Venezuela. Todos los indicadores sociales y económicos han alcanzado márgenes insostenibles que sitúan al país en un estado fallido de consecuencias humanitarias dramáticas que afectan en mayor medida a los sectores más desprotegidos de la población.

En Venezuela hoy no sólo se vive una situación de incompetencia política con graves restricciones a la libertad en todos los sentidos, sino además una descomposición creciente de la institucionalidad que afecta los cimientos de la República y de la vigencia del estado de derecho.

Ante la pérdida de apoyo popular y la desconfianza del régimen a los mecanismos de participación y expresión política se ha abierto un cauce de penetración foránea que tiene su manifestación más abierta desde Cuba y Rusia cuya presencia ha permeado las fuerza militares y de seguridad generando un estado de inquietud y alerta a los demás países de la región.

Particularmente delicada es la situación de tensión que ha ido escalando peligrosamente con el país vecino de Colombia con el que se comparten más de 2.500 kilómetros de frontera donde desde el contrabando de combustible y alimentos se ha pasado a la protección del narcotráfico y permitido la instalación de campamentos guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC.

La grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha desatado una migración que alcanza los mayores niveles en la historia de América Latina, ya son casi 5 millones de venezolanos que han abandonado el país buscando mejores horizontes ya sea para sobrevivir por la escasez de alimentos y medicinas o para proteger su seguridad por las persecuciones políticas del régimen o las bandas armadas de civiles que se han organizado con la tolerancia sino anuencia del propio gobierno.

Al aislamiento político y social interno que experimenta Maduro se suma la condena de la comunidad internacional que ha venido denunciando sistemáticamente la ilegalidad de sus autoridades de gobierno así como la reiterada violación a los derechos humanos.

El reciente informe de la alta comisionada para los derechos humanos de naciones unidas contiene una larga enumeración de casos concretos y modalidades a través de las cuales se abusa y denigra de las condiciones humanas violando los derechos más fundamentales y básicos de las personas. Más recientemente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resolvió por primera vez en un país de América Latina indagar mediante una comisión especial los abusos y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De comprobarse en el trabajo de esta comisión que se han cometido crímenes de lesa humanidad podría recurrirse a la Corte Penal Internacional, con lo cual más allá de la condena de un tribunal de justicia a nivel internacional el máximo en la materia de la ONU, podrían configurarse responsabilidades penales individuales y así ser juzgados y sentenciados a quienes se individualice de tales crímenes.

En este cuadro y en concordancia con la propia Constitución de Venezuela la única institución legítima y validada democráticamente es la Asamblea Nacional, elegida por amplia mayoría en diciembre de 2015 y con vigencia hasta fines de 2020. Que duda cabe entonces del papel central que le corresponde para reguardar el orden democrático y el empuje que debe ejercer para alcanzar la restitución de la normalidad democrática en el país. Abrigamos razonables expectativas que no solo cumpla con dicha función sino además se respete su integridad y normal funcionamiento.
La superación de la dolorosa y difícil realidad por la que atraviesa Venezuela debe ser resuelta de manera civilizada y responsable por los propios venezolanos con la comprensión, ayuda y solidaridad de la comunidad internacional, mediante la celebración de nuevas elecciones, con un padrón electoral saneado y legítimo, controlado por una autoridad electoral plenamente independiente e imparcial, con veedores internacionales calificados y que obedezcan a organismos internacionales reconocidos por el derecho internacional.

Como cuestión previa es fundamental la sujeción del régimen de Nicolás Maduro a las formas civilizadas de resolver los conflictos, sumado al pleno reconocimiento a los partidos políticos, y con las debidas garantías de libertad y democracia para su existencia, así como la liberación de todos los presos políticos sin cercenar sus derechos ciudadanos.

Ricardo Navarrete Betanzo
Ex Embajador de Chile en Colombia
Secretario Internacional